¿Se puede reducir la indemnización por responsabilidad civil si el perjudicado cobra también un seguro de accidentes o son compatibles?

Aunque ya tratamos esta cuestión en una remota entrada de nuestro Blog, de 15 de Junio de 2017, algunas consultas que nos han llegado, y ciertas resoluciones judiciales que hemos conocido recientemente, aconsejan desarrollarlo de nuevo con mayor detalle y ofrecer a nuestros amigos de los departamentos de siniestros una argumentación sólida.

Para empezar mostraremos nuestra opinión y luego la explicaremos: un accidentado  puede recibir el capital de un seguro de accidentes o de vida y también la indemnización que le tiene que pagar el responsable del daño o su asegurador. Ambos pagos son compatibles y no cabe reducir la indemnización de responsabilidad civil por el hecho de que se cobre también el capital del seguro de accidentes.

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Cobertura de las pérdidas causadas por el COVID-19: puesta al día mirando a Estados Unidos

En España van evolucionando muy lentamente las decisiones judiciales relativas a la cobertura de las pérdidas provocadas por la paralización de negocios como consecuencia de las órdenes dictadas por las autoridades para limitar la expansión de la pandemia COVID-19

Creemos que también resulta interesante conocer lo que está ocurriendo en otros países porque ello nos puede servir de referencia para prever lo que puede ocurrir aquí o, al menos, para argumentar nuestras propias decisiones en caso similares.

Reclamación en vía Civil contra la aseguradora de la Responsabilidad Patrimonial de una Administración Pública (II)

En nuestro anterior artículo apuntábamos ya el interés que pueden suscitar dos cuestiones, referidas a reclamaciones en la Jurisdicción Civil contra las aseguradoras de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Como siempre, vamos a tratar de aportar algunas ideas que esperamos que sirvan de ayuda para los principales destinatarios de nuestro Blog: los equipos de tramitación de siniestros.

Reclamación en vía Civil contra la aseguradora de la Responsabilidad Patrimonial de una Administración Pública (I)

Nos vamos a adentrar en un asunto que acaso resulte más complejo y más árido que otros tratados en nuestro Blog pero, precisamente por ello, pensamos que resulta aún más interesante entretenerse en facilitar a nuestros destinatarios en los departamentos de siniestros algunas aclaraciones que puedan resultarles de utilidad para su trabajo diario.

• Planteamiento

El seguro de responsabilidad civil es aquél por el que una aseguradora se compromete a cubrir el “agujero patrimonial” que sufre una persona (el asegurado) como consecuencia del nacimiento a su cargo de la obligación de reparar el daño que ha causado a un tercero. La aseguradora garantiza que el patrimonio del asegurado no se va a ver disminuido como consecuencia de su obligación de indemnizar.

Cuando el asegurado es una Administración Pública no hablamos de responsabilidad civil sino de responsabilidad patrimonial. Puede entenderse en qué consiste la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública reproduciendo el artículo 32.1 de la Ley  40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público:

“Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”

El artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro. Cuestiones importantes sobre el proceso de peritación

Nos vamos a centrar en esta nota en uno de los artículos más ignorados de nuestra bien trabada Ley de Contrato de Seguro (algo bueno tendrá cuando, en tiempos de legislación motorizada, aguanta ya cuarenta y un años en vigor) En especial, vamos a destacar algunas cuestiones que consideramos de particular interés para los principales destinatarios de este Blog: los equipos de gestión de siniestros de las Compañías Aseguradoras.

El artículo 38 de la L.C.S. regula el proceso de peritación del siniestro, fase en la que se determinan las causas del siniestro, sus consecuencias y la valoración de aquéllas que han de quedar amparadas por el contrato de seguro. Como la lectura del precepto puede resultar farragosa, vamos a aclarar a continuación algunas cuestiones importantes.

¿Qué plazo tiene el asegurado de responsabilidad civil para reclamar a su aseguradora cuándo ésta rehusó la cobertura?

La cuestión que vamos a desarrollar en este “post” tiene origen en una situación que tratamos en el anterior: el asegurado de responsabilidad civil ve rehusada la cobertura por parte de su aseguradora y se ve obligado a atender por su cuenta -sin la asistencia legal ni la protección económica de la aseguradora- las consecuencias del siniestro.

La cuestión que ahora tratamos es si el asegurado tiene acción para reclamar a su aseguradora (obviamente, la tiene), de qué plazo dispone para ejercerla y, tal vez lo más difícil, desde cuándo empieza a computarse ese plazo.

¿Tiene el asegurado de responsabilidad civil la posibilidad de llegar a un acuerdo transaccional con el tercero perjudicado?

Vamos a plantearnos en este artículo una situación que puede darse en ocasiones durante la gestión de un siniestro de responsabilidad civil y haremos algunas sugerencias para nuestros habituales destinatarios de los departamentos de siniestros.

Se trata de la posibilidad de que el responsable de un daño puede llegar a un acuerdo transaccional con el tercero perjudicado a fin de poner fin a la reclamación de responsabilidad civil. Como sabemos, el artículo 1.809 del Código Civil nos dice que «la transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado».

Si el responsable del daño no está asegurado, podrá actuar de la manera que mejor convenga a sus intereses. La cuestión que planteamos en este artículo es qué puede hacer el asegurado si tiene la responsabilidad civil cubierta por una aseguradora ya que, en tal supuesto, la decisión de formalizar una transacción no (o no sólo) afecta a su patrimonio sino al de la aseguradora, que es quien tendría que abonar el importe de la indemnización que se negocie. Vamos a plantearnos varias posibilidades.

En el seguro de responsabilidad civil no existe el siniestro total: el resarcimiento del tercero perjudicado cuando sus bienes dañados valen menos de lo que cuesta repararlos

Vamos a comentar en este artículo una circunstancia que observamos con cierta frecuencia y que consiste en la pretensión de algún asegurador de aplicar el concepto de “siniestro total” a las indemnizaciones que debe pagar a un tercero perjudicado. Insistimos en este detalle: se trata de indemnizaciones a favor de un tercero perjudicado que debe pagar el asegurador de responsabilidad civil, no de las indemnizaciones que paga el asegurador a su propio asegurado en cumplimiento de un seguro de daños.

Sobre las diferencias entre el seguro de daños y el seguro patrimonial (significativamente, el de responsabilidad civil), recordamos un artículo que publicamos en este mismo Blog el pasado 5 de enero de 2021   https://glarusiberica.wordpress.com/2021/01/05/la-regla-proporcional-y-la-regla-de-equidad-ii/

El aseguramiento de la responsabilidad civil cuando un buque bloquea el Canal de Suez

Buque encallado en el Canal de Suez

A veces resulta muy útil recurrir a un hecho de actualidad que llama mucho nuestra atención, para explicar conceptos de uso común que, de otra manera, resultan poco concretos y de árida explicación.

En este post vamos a aprovechar el siniestro del buque portacontenedores “Ever Given” para explicar, sobre la base de los hechos que todos conocemos, algunos conceptos básicos de la actividad aseguradora.

A vueltas con la cobertura de la pérdida de beneficios por interrupción de negocio debida al COVID 19 – La Sentencia de la Audiencia de Gerona de 3 de Febrero de 2021

Este asunto ya fue tratado por Glarus Ibérica en los artículos que publicamos en nuestro Blog el día 31 de Mayo de 2020: “La no cobertura por las pólizas de seguro de empresas de las pérdidas de beneficios o interrupciones de negocio causadas por el COVID-19”; el día 24 de junio de 2020: “La inutilidad temporal, causada por el COVID-19, de unas instalaciones de negocio y su cobertura por las pólizas de todorriesgo de daños” y el día 17 de septiembre de 2020: “Más sobre el seguro de pérdida de beneficios y el cierre de negocios por el COVID-19: novedades desde Londres”.

En aquellos artículos nos referíamos a interpretaciones de aseguradores y a las ofrecidas por algunas sentencias dictadas en tribunales extranjeros (Francia e Inglaterra) y vertíamos nuestras propias opiniones, que, en resumidas cuentas, son las siguientes: las pólizas habitualmente comercializadas en España ofrecen cobertura de pérdida de beneficios por interrupción de negocio cuando el hecho que motiva dicha interrupción es un evento cubierto por la póliza. Es decir, que si una póliza cubre el riesgo de incendio cubrirá la interrupción de negocio motivada por dicho incendio; si una póliza cubre el riesgo de inundación, cubrirá la interrupción de negocio causada por una inundación; etc.