La inutilidad temporal, causada por el COVID-19, de unas instalaciones de negocio y su cobertura por las pólizas de todorriesgo de daños

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Como saben nuestros lectores, los artículos que publicamos en nuestro Blog se centran en el mundo del seguro en general, con especial atención al proceso de gestión y liquidación de siniestros.

A propósito de la pandemia del COVID-19, desgraciadamente de moda, surge la cuestión de si la inutilidad temporal de unas instalaciones como consecuencia de la pandemia (por ser más precisos, como consecuencia de la prohibición gubernamental de uso para limitar la expansión de la pandemia) puede considerarse un daño y si ese daño es susceptible de cobertura con cargo a una póliza de seguro de daños.

Normalmente todas las pólizas de seguro de daños especifican cuál es el riesgo o causa generadora del daño que da derecho a la cobertura (un incendio, un robo, un acto vandálico, etc.) aunque hay pólizas que incluyen cláusulas de “cobertura todorriesgo” que no especifican cuál haya de ser la causa originadora por lo que, en principio, queda cubierto cualquier daño, sea cual sea su origen, salvo determinadas excepciones especificadas en las condiciones generales. Veamos un ejemplo de este tipo de cláusulas:

Todo riesgo accidental de daños materiales.

Mediante esta garantía el asegurador garantiza, hasta el límite de la suma asegurada establecida para las garantías básicas, todo daño material, súbito y accidental ocurrido directamente en los bienes asegurados.

Al hablar de “todo riesgo”, entendemos que el daño puede deberse a cualquier causa; no es preciso que proceda de una causa especificada sino que, sea cual sea su causa, debe haberse originado un daño material, súbito y accidental. La cuestión que queremos plantear en este artículo es si el cierre y paralización de unas instalaciones empresariales por una decisión gubernativa dictada para frenar una pandemia entra en la definición de “daño material”, “daño súbito” y “daño accidental”.

  1. ¿Es un daño material?

Si entendemos el daño material como cualquier menoscabo en la utilidad que anteriormente tenía un bien o una reducción del provecho que podía obtenerse del mismo, sin que sea para ello preciso que el bien resulte materialmente destruido, podríamos entender entonces que la prohibición del uso –permanente o temporal- de un bien determina un daño o menoscabo en su utilidad que puede considerarse objeto de cobertura y de la consiguiente indemnización con cargo al seguro “todorriesgo”. La decisión administrativa entraña una lesión a los derechos de uso y explotación de ese bien por parte de quien los tenía destinados, en este caso, a una actividad empresarial o profesional.

  1. ¿Es un daño súbito?

En esto no hay duda: se produce de manera súbita en el momento en el que, de forma repentina, las Autoridades decretan la imposibilidad de seguir aplicando esos bienes para el fin y provecho para los que el asegurado los venía utilizando.

  1. ¿Es un daño accidental?

Se trata también de un daño accidental porque era imprevisible en el momento y lugar en que se produce y porque no se ha causado de manera intencionada por parte del asegurado.

Creemos que pueden concurrir los tres requisitos previstos en la póliza para considerar que la imposibilidad temporal de utilizar los bienes dedicados a una actividad empresarial y que puede considerarse un siniestro cubierto cuando no se especifica cuál ha de ser la causa del mismo (“todorriesgo”) Por tanto, la aseguradora debería indemnizar los daños producidos. Éstos consistirán, básicamente, en el coste de su puesta de nuevo en producción y en el daño que la paralización haya podido causar a los bienes.

En cuanto a la pérdida de beneficios o pérdida de ingresos por la inutilidad temporal de los bienes, tal y como indicábamos en nuestro artículo del pasado 31 de Mayo de 2020, entendemos que existirá esa cobertura en la medida en que tenga cobertura el propio evento (todorriesgo) que la origina; por tanto, si la cláusula de todorriesgo da lugar a que la inutilidad temporal de los bienes sea un siniestro, también debería cubrirse la pérdida de beneficios derivada de éste.

Justo Jiménez Fuentes – Director General de Glarus Ibérica

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