Interrupción de plazos de prescripción ante la aseguradora de una Administración Pública. ¿Se entienden también interrumpidos frente a la propia Administración?

En el último “post”, que publicamos en nuestro Blog el pasado 3 de Junio, tratábamos sobre la eficacia que, a efectos de interrumpir los plazos de prescripción, tienen las reclamaciones dirigidas a Administraciones u Organismos que no son responsables de los actos o normas administrativos supuestamente generadores del daño.

En este nuevo post nos vamos a extender en la materia, aunque en esta ocasión para comentar la eficacia frente a la Administración de los actos de interrupción de prescripción dirigidos frente a su aseguradora.

Con carácter previo hemos de advertir un detalle que va a condicionar nuestros comentarios posteriores: a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos, no existe un vínculo de solidaridad entre la Administración y su aseguradora y, por tanto, la interrupción de prescripción dirigida frente a ésta última no es eficaz frente a la Administración asegurada.

En el ámbito Administrativo, las actuaciones de interrupción de prescripción deben dirigirse contra la Administración responsable y de ninguna manera puede considerarse que la acción civil ejercitada (judicial o extrajudicialmente) contra un sujeto privado como la aseguradora impliquen el ejercicio de una acción para exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración.

Esta construcción jurídica seguro que choca a quienes han manejado siniestros de responsabilidad civil (no de “responsabilidad patrimonial”), ya que tradicionalmente han operado bajo el principio de la “solidaridad impropia” entre asegurador y asegurado, según el cual la interrupción de acciones frente al asegurador aprovechaba frente al asegurado y viceversa.

Pues tengamos en cuenta que no ocurre lo mismo en el ámbito de la responsabilidad patrimonial ya que la jurisprudencia de lo contencioso administrativo viene entendiendo que si la interrupción dirigida frente al asegurador sirviese frente a la Administración, se estaría dando efectos, frente a todos los posibles afectados por la actuación administrativa, a una acción que sólo ha sido ejercitada por el afectado frente a una persona privada (la aseguradora). No se puede aplicar en el ámbito administrativo las mismas normas que en el civil (en el que el reconocimiento de la existencia de acción frente a uno de los deudores, además de a éste, sólo perjudica al otro), ya que  los intereses públicos que se ventilan en un procedimiento administrativo exigen que no se apliquen las reglas de disposición de derechos que a las partes se les permiten en el ámbito civil.

Así, por ejemplo, puede reconocerse la prescripción incluso sin que la Administración la alegue y, en general, no cabe que ésta renuncie a la prescripción “ganada”.

En resumen:

  • En el ámbito civil -y, por extensión, también en el social-, hay dos deudores (asegurado y asegurador) unidos por un vínculo de solidaridad, siendo así que la interrupción de prescripción dirigida frente a uno de ellos aprovecha frente al otro. Nadie, salvo ellos dos, se ven afectados si la acción pervive gracias a una reclamación frente a cualquiera de ellos.
  • En el ámbito administrativo, podría decirse que “sólo hay un deudor” (la Administración) y, por lo tanto, los actos dirigidos contra el otro supuesto deudor (la aseguradora) en nada perjudican a aquél único y verdadero deudor.

Justo Jiménez Fuentes – Director General de Glarus Ibérica

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