La reforma del Código Penal y la criminalización de las lesiones leves causadas por imprudencias de tráfico: ¿Volvemos a los tiempos de los “Juicios de Faltas”?

SALA JUICIOS

La Ley Orgánica 2/2019 introduce diversos cambios en el tratamiento de los delitos imprudentes debidos a accidentes de circulación. Hay importantes incrementos de pena para determinados tipos de imprudencia como la conducción bajo influencia de alcohol, estupefacientes o con exceso de velocidad; se castiga con mayor gravedad la imprudencia que ocasione varios fallecidos o varios fallecidos y lesionados graves o numerosos lesionados; y se crea un nuevo delito de abandono del lugar del accidente.

Pero hay una reforma importante (quizá la más importante) que el preámbulo de la Ley no menciona: la criminalización de las lesiones leves causadas por imprudencias de tráfico menos graves. A nuestro juicio, parece que el legislador no quisiera mencionar este aspecto clave, tal vez porque sabe que es contradictorio con las razones que expuso la Ley Orgánica 1/2015 para despenalizar las Faltas, que eran éstas:

“…se suprimen aquellas otras infracciones que, por su escasa gravedad, no merecen reproche penal. Gran parte de la reforma está también orientada a dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por España” (Apartado I, párrafo 1, del Preámbulo de la L.O. 1/2015)

“La reducción del número de faltas –delitos leves en la nueva regulación que se introduce– viene orientada por el principio de intervención mínima, y debe facilitar una disminución relevante del número de asuntos menores que, en gran parte, pueden encontrar respuesta a través del sistema de sanciones administrativas y civiles” (Apartado I, párrafo 4, del Preámbulo de la L.O. 1/2015)

“En la actualidad debe primarse la racionalización del uso del servicio público de Justicia, para reducir la elevada litigiosidad que recae sobre juzgados y tribunales, con medidas dirigidas a favorecer una respuesta judicial eficaz y ágil a los conflictos que puedan plantearse. Al tiempo, el Derecho Penal debe ser reservado para la solución de los conflictos de especial gravedad” (Apartado XXXI, párrafo 1, del Preámbulo de la L.O. 1/2015)

“No toda actuación culposa de la que se deriva un resultado dañoso debe dar lugar a responsabilidad penal, sino que el principio de intervención mínima y la consideración del sistema punitivo como última ratio, determinan que en la esfera penal deban incardinarse exclusivamente los supuestos graves de imprudencia, reconduciendo otro tipo de conductas culposas a la vía civil, en su modalidad de responsabilidad extracontractual o aquiliana de los artículos 1902 y siguientes del Código Civil, a la que habrá de acudir quien pretenda exigir responsabilidad por culpa de tal entidad” (Apartado XXXI, párrafo 12, del Preámbulo de la L.O. 1/2015)

El preámbulo de la Ley Orgánica 2/2019 no ofrece justificación alguna para contradecir de manera tan evidente los principios inspiradores de la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2015

El legislador penal de 2019 vuelve a criminalizar las imprudencias menos graves y lo hace de manera vergonzante porque en el preámbulo de esta nueva ley no expone ninguna justificación para ello; probablemente porque cualquier explicación resultaría notoriamente contradictoria con el principio de “intervención  mínima” que motivó la reforma de 2015

En cualquier caso, en este artículo nos centraremos precisamente en las cuestiones que más afectan al “día a día” del tramitador de siniestros con daños personales.

  1. ¿Volveremos a resolver las lesiones leves por accidentes de tráfico pasando por la Jurisdicción Penal, como cuando existían las faltas?

La respuesta es que sí. Y las complicaciones pueden ser aún mayores puesto que -a diferencia de lo que ocurría con las faltas- las sentencias ya no podrán ser dictadas por el juez de instrucción. Deberemos transitar una fase de instrucción y una fase posterior de juicio oral ante un juez diferente que -por si no estaba ya suficientemente cargado de trabajo-, soportará la carga de resolver la mayoría de los accidentes de tráfico con lesiones. Menos mal que lo previsible es que los acuerdos transaccionales abunden una vez se obtenga el informe médico forense. Porque, en mi opinión, la obtención del informe médico forense va a ser una razón fundamental para denunciar en vía penal la mayoría de las imprudencias de tráfico con resultado de lesiones leves.

  1. ¿Cuáles son los cambios fundamentales para los departamentos de siniestros con daños personales?

Son fundamentalmente tres:

  • Que los perjudicados que sufran lesiones leves (las que necesitan más de una primera asistencia para su sanidad) tienen acceso a la vía penal, ya sea para que un juez decida o, simplemente, para obtener el informe médico forense.
  • Que se criminalizan las imprudencias menos graves aunque sólo causen lesiones leves.
  • Que la acción penal queda en manos del perjudicado, que puede denunciar y solicitar luego el archivo del proceso penal.

Desarrollamos estas consecuencias en los apartados siguientes.

2.1 Que las lesiones leves pasan al ámbito pernal, que estuvo vetado desde que la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de Marzo, suprimió las faltas

Este cambio se pone de manifiesto en el nuevo apartado 2 del artículo 152:

  1. El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que se refieren los artículos 147.1, 149 y 150, será castigado con la pena de multa de tres meses a doce meses.

Este precepto criminaliza la imprudencia “menos grave” (luego nos detendremos en este concepto) que cause alguna de las siguientes lesiones:

  • Cualquier lesión que menoscabe la integridad corporal o la salud física o mental, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico (art. 147.1)

Estamos seguros de que a casi todos los tramitadores esa redacción les recuerda a las antiguas faltas de lesiones por imprudencia.

  • La pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica (art. 149.1) o una mutilación genital (art.149.2)
  • La pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal, o la deformidad (art. 150)

2.2 Que se convierten en delito las conductas imprudentes menos graves

Es fundamental definir qué es una “imprudencia menos grave”. En este mismo Blog tratamos este asunto en un artículo de 13 de Julio de 2017  y aún hoy no tenemos una jurisprudencia consolidada que nos permita identificar qué conductas son las que se criminalizan.

En mi modesta opinión, y ya puestos a recuperar el antiguo régimen penal, se puede considerar “imprudencia menos grave” la “infracción de reglamentos” siempre que no merezca ser considerada “imprudencia grave”. El artículo 76 de la Ley de Seguridad Vial puede servirnos de orientación para identificar esas conductas antirreglamentarias que ahora se criminalizan:

  • No respetar los límites de velocidad reglamentariamente establecidos (salvo que se considere imprudencia grave)
  • Incumplimientos en materia de preferencia de paso, adelantamientos, cambios de dirección o sentido y marcha atrás, sentido de la circulación, utilización de carriles y arcenes y, en general, toda vulneración de las ordenaciones especiales de tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación (la mención a la “utilización de carriles” hace que en este apartado quepan casi todas las colisiones en rotondas)
  • Parar o estacionar en el carril bus, en curvas, cambios de rasante, zonas de estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad, túneles, pasos inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o en el que se obstaculice gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente para los peatones.
  • Circular sin hacer uso del alumbrado reglamentario.
  • Conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan la atención permanente a la conducción.
  • Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, así como utilizar mecanismos de detección de radares o cinemómetros.
  • No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección.
  • Circular con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o motocicletas, o con menores en los asientos delanteros o traseros, cuando no esté permitido.
  • No respetar las señales y órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico.
  • No respetar la luz roja de un semáforo.
  • No respetar la señal de stop o la señal de ceda el paso.
  • Conducir un vehículo siendo titular de una autorización que carece de validez por no haber cumplido los requisitos administrativos exigidos reglamentariamente en España.
  • Conducción negligente (cláusula en blanco que permite denunciar todo)
  • No mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente.
  • Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas reglamentariamente establecidas y las reglas de inspección técnica de vehículos, siempre que hayan influido en la producción del accidente.
  • Conducir vehículos con la carga mal acondicionada o con peligro de caída.
  • Conducir un vehículo teniendo prohibido su uso.
  • Circular con un vehículo cuyo permiso de circulación está suspendido (entendemos igualmente que siempre que esto haya influido en la producción del accidente)
  • La ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por ciento el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor.
  • Incumplir la obligación de impedir que el vehículo sea conducido por quien nunca haya obtenido el permiso o la licencia de conducción correspondiente.
  • Circular por autopistas o autovías con vehículos que lo tienen prohibido.
  • No instalar los dispositivos de alerta al conductor en los garajes o aparcamientos en los términos legal y reglamentariamente previstos.
  • Circular en posición paralela con vehículos que lo tienen prohibido.

En definitiva, este artículo 76 de la Ley de Seguridad Vial ofrece fundamento suficiente para denunciar como “imprudencia menos grave”, por infracción de reglamentos, una gran parte de las conductas que causan lesiones leves.

2.3 Que la acción penal queda en manos del perjudicado, que puede denunciar y solicitar luego el archivo del proceso penal

El nuevo apartado 2 del artículo 152 incluye una última frase:

El delito previsto en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

Sólo se abrirá la vía penal si el perjudicado denuncia y también se cerrará cuando el perjudicado-denunciante lo solicite; esto último ocurrirá normalmente cuando, tras la obtención del informe médico forense, se concluya un acuerdo transaccional.

La acción penal queda en manos del perjudicado y es previsible que éste siga adelante con ella en la medida en que sus lesiones no hayan sido resarcidas por la aseguradora del conductor responsable. La herramienta de negociación de cara para el resarcimiento será el informe médico forense, que servirá de base a las pretensiones de la víctima y a las ofertas indemnizatorias del asegurador.

  1. Advertencia

Los comentarios contenidos en este artículo son apresurados, ya que se realizan cuando ha transcurrido apenas una semana desde la publicación en el BOE de la Ley Orgánica 2/2019  Nuestro objetivo es proporcionar algunos comentarios y sugerencias de urgencia para los gestores de siniestros y sólo el paso del tiempo, las decisiones judiciales y un análisis más reposado –que será objeto de futuros “posts” en el Blog de Glarus Ibérica- nos permitirá conocer mejor el alcance y las consecuencias de los cambios introducidos en relación con las lesiones leves causadas por accidentes de tráfico.

Justo Jiménez Fuentes – Director General de Glarus Ibérica

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