Exequátur, como procedimiento de homologación de una sentencia

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Cuando miramos el significado de EXEQUATUR en el diccionario observamos dos acepciones básicas, aquella autorización que otorga el jefe de un Estado a los agentes diplomáticos extranjeros para que puedan ejercer las funciones propias de sus cargos y segunda, el pase que da la autoridad civil de un estado a las bulas y escritos pontificios. En el análisis de este artículo nos quedamos con el primer significado que, llevado al contexto jurídico que buscamos, sería aquel conjunto de reglas conforme a las cuales el ordenamiento jurídico de un Estado verifica si una sentencia judicial emanada de un tribunal de otro Estado reúne o no los requisitos que permiten reconocimiento u homologación en ese Estado. Hablamos entonces de Exequatur como procedimiento de homologación de una sentencia dictada en otro país.

Visto qué es el exequátur, nos interesa conocer quién y cómo se puede realizar. Este  procedimiento se iniciará mediante demanda por cualquier persona que acredite un interés legítimo, y será dirigida a los Juzgados de Primera Instancia del domicilio de la parte frente a la que se solicita el reconocimiento o ejecución, o de la persona a quien se refieren los efectos de la resolución judicial extranjera.

A la demanda de exequátur le deberán acompañar los siguientes documentos:

  • Copia auténtica de la Sentencia legalizada.
  • Certificado del testimonio de que la Sentencia es firme y ha sido notificada al demandado o en su caso de que ha sido dictada en rebeldía.
  • Traducción jurada de la Sentencia si está en un idioma diferente al español.
  • Fotocopia del DNI/NIE.
  • Poder general para pleitos.

Un par de puntualizaciones. En ningún caso una resolución extranjera podrá ser objeto de una revisión en cuanto al fondo, es decir, no podrá denegarse el reconocimiento de una sentencia por el hecho de que el órgano judicial extranjero haya aplicado un ordenamiento distinto al que habría correspondido según las reglas del Derecho Internacional privado español y segundo, el Ministerio Fiscal interviene siempre en estos procesos, a cuyo efecto se le da traslado de todas las actuaciones; piénsese que muchos de estos procedimientos tienen su razón en asuntos de guarda y custodia de hijos.

Este procedimiento de exequátur queda regulado en la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil. – Boletín Oficial del Estado de 31-07-2015 -, donde en su preámbulo se indica que el concepto de cooperación jurídica internacional se utiliza de forma muy amplia, lo que permite incluir materias como la litispendencia y la conexidad internacionales, el reconocimiento y ejecución de sentencias o la información y prueba del Derecho extranjero, que tradicionalmente se habían regulado en otros cuerpos y textos normativos, como la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta ley de cooperación jurídica internacional se aplica tanto en materia civil como mercantil.

En el preámbulo de esta Ley se pone de manifiesto que este proceso judicial de exequátur es una de las piezas claves del texto y una de las áreas más necesitadas de reforma en nuestra legislación interna; pensemos que la vigente Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, derogó la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobada por Real Decreto de 3 de febrero de 1881, con la excepción, entre otras normas, de los artículos 951 a 958, sobre eficacia en España de sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales extranjeros, que quedaron en vigor hasta la vigencia de la Ley sobre cooperación jurídica internacional en materia civil.

El diseño actual de los artículos 951 a 958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 no se coordina con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha desbordado el tenor literal de tales preceptos, ni con leyes especiales modernas o con la más autorizada doctrina. Por ello, para el diseño de este nuevo proceso judicial de exequátur se han tenido en cuenta las más actuales corrientes doctrinales así como las concreciones legislativas más recientes que, a modo de ejemplo, surgen de la normativa de la Unión Europea, y de ejemplos puntuales de nuestra reciente normativa, contenidos en textos como la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, y la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Las normas que lo integran suponen una revisión en conjunto del sector del reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, clarificando la terminología y los conceptos, y detallando el tipo de resoluciones susceptibles de reconocimiento y ejecución y sus efectos, abordándose cuestiones del reconocimiento y ejecución parcial, incidental y la de las modificaciones de resoluciones extranjeras, modernizándose las causas de denegación. No obstante, la propia Ley 29/2015 reconoce que es “subsidiaria” de normas internacionales e internas especiales.

Y para quien quiera profundizar más, diremos que este nuevo procedimiento de exequátur viene recogido en el Título V de la Ley antes citada y más concretamente en sus artículos 41 a 61, donde se determina su ámbito de aplicación, definición, procedimiento, competencia, ejecución, causas de denegación, reconocimiento, etc…

Carlos Pastor – Departamento de siniestros de Glarus Ibérica

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