La obligación de indemnizar del asegurador que actúa de mala fe o de manera injusta o inapropiada (II)

Property Loss Insurance

Continuamos tratando la cuestión de las indemnizaciones que puede deber el asegurador que incumple sus obligaciones contractuales de manera dolosa, negligente o morosa. Resumiendo, nuestras conclusiones son:

  • El interés punitivo del art. 20 LCS o del art. 9 LRCSCVM no constituye una indemnización de daños y perjuicios ya que se calcula sin atender y sin establecer proporción con el daño sufrido con el asegurado o el tercero.
  • El art. 1.101 del Código Civil es el que establece la vía para fijar las indemnizaciones por el defectuoso cumplimento de un contrato.

Pero la responsabilidad civil contractual del asegurador puede surgir no sólo por demora en el pago sino también por otros motivos, tales como:

  • La inadecuada investigación y valoración de los daños en los bienes asegurados
  • El rehúse indebido de la cobertura
  • El rechazo mismo a tramitar el siniestro
  • La oferta manifiestamente inadmisible o torticera
  • En caso de seguros con prestaciones “de hacer”, la prestación del servicio a través de profesionales no cualificados o que no completan debidamente su trabajo o que causan daños adicionales al realizarlo (por ejemplo, la responsabilidad civil de la Compañía de seguros de asistencia sanitaria por los daños causados por uno de los médicos de su cuadro de profesionales; la responsabilidad civil de las aseguradoras de automóviles por las malas reparaciones realizadas por su talleres concertados; la responsabilidad civil de las aseguradoras de asistencia en el hogar por los daños causados por los profesionales enviados a reparar daños o averías; etc.)

Para evitar, o al menos mitigar, el riesgo de este tipo de reclamaciones (tanto las indemnizatorias nacidas del art. 1.101 del Código Civil como las punitivas que surgen en aplicación del art. 20 LCS y 9 LRCSCVM), se plantea la necesidad de establecer una verdadera gerencia de riesgos durante el proceso de tramitación, por ejemplo:

  • Cualificación y seguimiento de la red pericial para lograr una investigación rápida y fiable de las circunstancias del siniestro y de sus consecuencias. En los siniestros “no peritables” debe definirse con carácter previo la documentación inicialmente exigible al asegurado o al tercero a fin de poder dar respuesta a su reclamación sin necesidad de peritar.
  • Definir un proceso de formalización del rehúse, cuando proceda, y de adecuada fundamentación del mismo
  • Establecer un sistema de realización de ofertas. Se trataría de extender a otros ámbitos un sistema similar al de oferta motivada del seguro del automóvil; por supuesto, con las debidas adaptaciones para los “siniestros masa”
  • Profesionalización, reciclaje y mejora continua de la red de proveedores de servicio

Por último, comentaremos brevemente que, en nuestra opinión, el asegurado o el tercero que se considere perjudicado puede compatibilizar la reclamación de intereses del art. 20 LCS (o art. 9 LRCSCVM para responsabilidad civil por accidentes de tráfico) con la reclamación de resarcimiento del art. 1.101 del Código Civil, ya que tienen fundamento y objetivos diferentes: aplicar un recargo para imponer agilidad a la aseguradora en el primer caso y resarcir los daños y perjuicios causados por un mal servicio en el segundo.

Justo Jiménez Fuentes – Director General de Glarus Ibérica

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